OMAR PINEDA
Es el caso que ha venido denunciando Pedro Manuel Ontiveros, presidente de la Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados en España, y quien no se cansa de exponer las condiciones de vida de sus afiliados para quienes –al igual que los 15 mil jubilados venezolanos que residen en el exterior– no se cumple el Convenio Bilateral, suscrito por Venezuela y España en vigencia desde 1990.
De la precariedad de los jubilados venezolanos pueden dar cuenta los mismos afectados por las asignaciones “de hambre” que nos les permite con su pensión llegar a la mitad de la cesta familiar; pero en igual situación se hallan más de 9 mil jubilados venezolanos que residen en España –de los 15 mil que hay en el exterior–, a quienes el gobierno de Nicolás Maduro no les cancela sus pensiones desde hace más de cuatro años, obligándoles a sobrevivir en un país donde no ofrecen empleo a personas mayores de 60 años.
Es el caso que sistemáticamente ha venido denunciando Pedro Manuel Ontiveros, presidente de la Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados en España (FAPEJUVES), y quien no se cansa de exponer las condiciones de vida de los afiliados a FAPEJUVES para quienes –al igual que los 15 mil jubilados venezolanos que residen en el exterior– no se cumple el Convenio Bilateral, suscrito en este caso por Venezuela y España en vigencia desde 1990 y que establece el el envío de las Pensiones a los beneficiarios de cada unos de los residentes de cada país. En ese aspecto, España ha venido cumpliendo con sus pensionados residentes en Venezuela; pero en el caso de Venezuela, el gobierno actual, mantiene una deuda de 4 años y diez meses con los venezolanos residentes en España.
“Atravesamos por una situación de miseria y exclusión social, por lo que le hemos solicitado a la Asamblea Nacional de Venezuela la creación de un fondo de ayuda humanitaria a fin de paliar en parte la grave situación que confrontamos”, explica Pedro Manuel Ontiveros quien destaca como un hecho vergonzoso que los pensionados en España tienen asignados una pensión de un dólar, por lo que solicitan una una Pensión por parte del IVSS “que sea justa y digna, equivalente a la cesta básica”.
Para el representantes de los jubilados venezolanos en España es necesario restituir el envío de la pensiones, que debe ser calculada en base al verdadero costo de la canasta básica, y recuerda que el Convenio Bilateral suscrito por los gobiernos de Venezuela y España se establece que dichos beneficios deben enviarse sin demora a cada uno de los países de residencia; así mismo que su monto no puede ser disminuido. “Durante todos estos años hemos recurrido ante los organismos competentes en esta materia, como es el caso del IVSS, CENCOEX, Banco Central de Venezuela, Defensoría del pueblo, Embajador y Consulado de Venezuela en España sin obtener ningún tipo de respuesta”, señala.
Ontiveros reconoce que el gobierno español, a través del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), ha solicitado al IVSS explicación sobre el impago en referencia y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España también ha hecho la reclamación por la vía diplomática sin obtener ningún tipo de respuesta. Explica que el último monto recibido equivalía a 1307,76 euros, monto que se debía en que de acuerdo al Convenio Cambiario vigente hasta enero de 2018 se nos había sido asignado un dólar preferencial ( 10,00 Bolívares por Dólar), al igual que estaba establecido para la adquisición de medicinas, alimentos, remesas a los estudiantes”.
“Conformamos una población de personas mayores de 65 años, y la media en España es de 75, además de las enfermedades propias de nuestra edad, no nos es permitido trabajar, sobrevivimos gracias a la ocasional ayuda de familiares y amigos, de ayudas públicas puntuales, de ONG humanitarias, Cruz Roja, Banco de Alimentos, Caritas, lo que no evita que vivamos en situación de exclusión social y vulnerabilidad ya que dichas ayudas no nos permiten vivir en condiciones favorables, además de la constante preocupación de cómo cubrir. Debido a estos gastos mínimos a diario pasamos por una situación de incertidumbre, desesperación, ansiedad y angustia, todo ello nos lleva a contraer enfermedades psicológicas irreversibles”.
Para la Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados en España tal situación constituye una violación flagrante a los Derechos Humanos, a la Constitución, al Convenio Bilateral entre España y Venezuela, “instrumentos legales que establecen que los adultos mayores tenemos derecho a que en esta etapa de nuestras vidas tengamos tranquilidad, paz, seguridad y autonomía económica, por lo cual tener un nivel de vida adecuado para nuestro propio bienestar propio, incluyendo comida, vestido, hogar, atención médica y servicios sociales necesarios, atención en la enfermedad, discapacidad, viudez o cualquier otra carencias y en síntesis a un sistema integral de Seguridad Social que facilite un envejecimiento con calidad de vida”.
